Retención sobre dividendos y participaciones

El artículo 242 del Estatuto Tributario fija las tarifas aplicables a los dividendos y participaciones que reciben las personas naturales residentes.

Esas tarifas operan sobre la cédula de dividendos, que el artículo 330 mantiene separada de la cédula general y de la de pensiones.

La retención que practica la sociedad al distribuir es un anticipo de ese impuesto: se descuenta en la declaración del socio.

Y opera de forma distinta sobre las dos porciones del dividendo.

Sobre la parte NO GRAVADA —la que viene de utilidades que ya tributaron en cabeza de la sociedad, calculada por el procedimiento del artículo 49— la retención sigue las reglas propias de esa porción.

Sobre la parte GRAVADA se aplica un tratamiento distinto, porque esa utilidad no pagó impuesto en la sociedad y debe pagarlo en el socio.

Por eso un certificado de dividendos bien hecho no trae una cifra sino dos, con su retención correspondiente, y declarar el total en un solo renglón produce un resultado equivocado.

El artículo 242-1 del Estatuto Tributario regula la retención en la fuente sobre dividendos y participaciones distribuidos entre sociedades nacionales.

Su razón de ser es evitar un efecto en cascada. En un grupo empresarial, una utilidad puede pasar de una filial a una subholding y de ahí a la matriz antes de llegar a la persona natural. Si en cada eslabón se retuviera de forma definitiva, la misma utilidad quedaría gravada tantas veces como sociedades atravesara.

El mecanismo del 242-1 traslada la retención a lo largo de la cadena hasta el beneficiario final, de modo que la carga se liquida una sola vez.

Eso tiene una consecuencia operativa en estructuras societarias: la sociedad que recibe el dividendo y a la que se le practicó la retención debe poder acreditarla y trasladarla cuando redistribuya, con el soporte correspondiente.

Llevar el control de esas retenciones trasladadas es una de las cosas que con más frecuencia se pierde cuando cambia la administración de una sociedad holding, y recuperarlas después es difícil sin la documentación.

El artículo 245 del Estatuto Tributario fija la tarifa del impuesto sobre dividendos y participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.

En estos casos la retención cumple una función distinta: como el beneficiario no va a presentar declaración en Colombia por esas rentas en la mayoría de los supuestos, la retención opera de forma más cercana a un impuesto definitivo.

Antes de aplicar la tarifa interna hay una comprobación obligada: si existe convenio para evitar la doble imposición con el país de residencia del beneficiario, sus reglas prevalecen y suelen limitar la tarifa aplicable en el Estado de la fuente.

Para invocar el convenio hace falta acreditar la residencia fiscal del beneficiario con el certificado que expida su administración tributaria.

Y del otro lado de la operación, el beneficiario podrá normalmente acreditar en su país el impuesto pagado en Colombia, por el mecanismo equivalente al del artículo 254 que exista en esa jurisdicción.

De ahí que en estructuras internacionales la tarifa efectiva dependa tanto del Estatuto como del convenio y de la ley del otro país.

La retención no se puede calcular sin saber qué parte del dividendo es gravada, y ese cálculo lo hace la sociedad que distribuye.

El artículo 48 del Estatuto Tributario establece el principio: los dividendos no constituyen renta ni ganancia ocasional en la parte que corresponda a utilidades que ya tributaron en cabeza de la sociedad.

El artículo 49 fija el procedimiento para cuantificar esa parte, partiendo de la renta líquida gravable y del impuesto efectivamente liquidado por la sociedad.

La lógica es sencilla de enunciar: si la utilidad distribuible es mayor que la que efectivamente tributó —porque hubo rentas exentas, ingresos no constitutivos o diferencias entre lo contable y lo fiscal—, esa diferencia no pagó impuesto en la sociedad y debe pagarlo el socio.

El socio no recalcula ese reparto: lo recibe certificado.

Pero sí conviene que entienda de dónde sale, porque explica por qué dos sociedades con la misma utilidad distribuyen proporciones distintas de dividendo gravado, y por qué una sociedad con muchos beneficios tributarios traslada más carga a sus socios.

Para quien RECIBE, cuatro comprobaciones.

Que el certificado separe la parte gravada de la no gravada, con su retención respectiva.

Que el dividendo se declare en la cédula de dividendos y no en la general.

Que el periodo sea el correcto: por el numeral 1 del artículo 27 del Estatuto Tributario, el dividendo se realiza cuando queda abonado en cuenta en calidad de EXIGIBLE, no cuando se decreta ni cuando se cobra.

Y que la retención practicada se descuente. Es frecuente omitirla cuando se reciben dividendos de varias sociedades y solo se revisa un certificado.

Para quien DISTRIBUYE, tres.

Hacer el cálculo del artículo 49 antes de decretar el reparto, porque determina la carga que asumirá el socio.

Practicar la retención según el tipo de beneficiario, verificando convenios si hay beneficiarios del exterior.

Y expedir el certificado con la información completa, porque sin él el socio no puede declarar correctamente ni descontar lo retenido.