La Constitución y los impuestos

Antes que el Estatuto Tributario está la Constitución. Los impuestos en Colombia no salen de la nada: hay unos pocos artículos que definen quién puede crearlos, con qué límites y bajo qué principios. Conocerlos explica buena parte de por qué las normas tributarias son como son.

Artículo 95, numeral 9: el deber de contribuir

Es el fundamento del deber tributario. Establece que toda persona debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Esa última frase no es decorativa: es la base de casi todas las demandas de inconstitucionalidad contra normas tributarias.

Artículo 338: el principio de legalidad

Solo el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales pueden imponer contribuciones. Y la ley debe fijar directamente los sujetos activo y pasivo, los hechos, las bases gravables y las tarifas.

De aquí sale también una regla que aparece cada reforma tributaria: las normas sobre impuestos de periodo no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de entrar en vigencia la ley. Por eso una reforma expedida en diciembre rige para el año gravable siguiente y no para el que está terminando.

Artículo 363: equidad, eficiencia y progresividad

Los tres principios del sistema tributario, más la regla de que las leyes tributarias no se aplican con retroactividad.

• Equidad: quienes están en la misma situación tributan igual.
• Eficiencia: el impuesto debe recaudarse al menor costo posible, para el Estado y para el contribuyente.
• Progresividad: quien más capacidad tiene, más aporta en proporción.

Artículo 15: la reserva de la información tributaria

La información tributaria está amparada por la reserva. Es el fundamento de que la DIAN no pueda divulgar tus declaraciones, y también de las obligaciones de confidencialidad de quien maneja esos datos.

Artículo 83: la buena fe

Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a la buena fe, que se presume. En materia tributaria este principio aparece con frecuencia en la discusión sobre sanciones: no es lo mismo un error que una conducta dirigida a evadir.